En cuanto a lo público, no existen en el parque funcionarios dedicados en especial a la organización y mantenimiento del parque, solo se cuenta con una presencia ausente de la Policía Nacional que vigila el orden del lugar, pero no interviene como agente regulador del espacio público.
La presencia de la ilegalidad no es un secreto, retomando uno de los derechos del ciudadano que nos presenta Jordi Borja, la comunidad que habita el lugar se reconoce por sus “movilidades pacíficas” que reclaman la equidad y el cumplimiento de los derechos que poseen las personas que frecuentan este tipo de espacios públicos donde realmente reina los intereses generales por encima de los particulares, ademas de lograr el apoyo que buscan, en cuanto sus proyectos que fomentan la cultura, configuran su lugar de esparcimiento de tal forma que se pueden fabricar “imaginarios” de tal magnitud que le es posible asignar horarios para la ilegalidad. Eso es movilidad ciudadana, que no dispone de una metodología violenta para alcanzar sus objetivos.
El sector privado, en contraste con lo anterior, tiene una presencia definitiva en el clima organizacional del parque, representando la autoridad que viguila y atiende a las necesidades y determinaciones que sean necesarias para conservar el orden, tanto para residentes del barrio como para foráneos que visitan el espacio en busca, quizá, de la ilegalidad que logró la comunidad que lo habita. Financiado por los residentes del barrio, la Administración es el órgano encargado de mediar, ademas de otras no pocas cosas, entre el estado (en este caso la Alcadía Municipal) y los ciudadanos, participando de forma activa en las decisiones que se puedan tomar con respecto a lo que al parque concierne, como es un ejemplo, en la prohibición temporal de eventos culturales como el “trueque”, que se realizaba una vez cada año, por motivos de seguridad y orden público dentro del pasaje peatonal del antiguo Museo de Arte Moderno.
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